Patrimonio bajo un escudo protector

El complejo Llao-Llao de Bariloche, el faro Cabo Blanco en Santa Cruz, el algarrobo de Santo Tomé en Santa Fé y el Cabildo están protegidos por un escudo invisible pero relevante así como otros 37 espacios argentinos: el escudo azul es una clasificación promovida por la organización de mundial independiente homónima, con intención de alcanzar la relevancia de la Cruz Roja por ejemplo, para proteger el patrimonio de la humanidad, sin inmiscuirse con los bandos en conflicto que pudieran ponerlo en riesgo.

Peter G. Stone (Manchester, 1957) es arqueólogo y preside desde 2020 la Asociación Internacional de los Escudos Azules (The Blue Shield). La entidad toma su nombre del símbolo del escudo azul diseñado por Jan Zachwatowicz –responsable de la restauración de los edificios arrasados durante la Segunda Guerra en su país– y utilizado para señalar los sitios culturales protegidos: un escudo en punta, partido en aspa, de color azul ultramar y blanco marca un sitio o monumento que de ser dañado durante un conflicto, el responsable será considerado como criminal de guerra susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional de La Haya.

Si bien es un cuerpo independiente, el Escudo Azul está asociada a la Naciones Unidas (ONU), participa de las operaciones de mantenimiento de la paz que emprende ese cuerpo así como las organizadas por la Unesco, y coopera con el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La organización fue fundada en 1996, en esa década proclive a la demolición, como una iniciativa de los Consejos Internacionales de Museos, el de Archivos, el de Monumentos y sitios más la Federación Internacional de Bibliotecas. De hecho, el Escudo Azul había sido concebido mucho antes, por quienes pensaron la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado firmada el 14 de mayo de 1954.

Sus signatarios, reconociendo que el desarrollo de la técnica bélica era cada vez más amenazante, se comprometían a proteger el patrimonio cultural en caso de guerra y a entrenar al personal militar al efecto.

Conocí a Peter G. Stone una tarde de septiembre de 1986 durante el Congreso Mundial de Arqueología que se reunía en la universidad inglesa de Southampton. Desde entonces nos mantenemos en contacto. Él recuerda que el de 1954 no fue el primer intento relacionado con los códigos de conducta en la guerra referido a bienes culturales.

En la era moderna, en 1863, Abraham Lincolnd firmaba el Código Lieber, es decir las “Instrucciones del Gobierno para los Ejércitos de los Estados Unidos en el campo de batalla”, uno de los primeros considerandos por escrito de la costumbre del derecho de la guerra que establecía que las obras de arte, las bibliotecas y las colecciones científicas debían protegerse de todo daño evitable.

A ellas siguieron los artículos de las Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 que, sin embargo, estallaron por los aires de cara a la Gran Guerra, el incendio de la biblioteca de Lovaina y el bombardeo de la Catedral de Reims. Los alemanes crearon entonces la Kunstchutz, el servicio de protección de las obras de arte en tiempos de guerra, retratado en la película Francofonía de Alexander Sokurov. Y además, el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935 proclamaba la protección de Instituciones Artísticas, Científicas y Monumentos Históricos, en el llamado Pacto Roerich, promovido por el artista ruso residente en los Estos Unidos.

Con estos esos antecedentes, la convención, que pronto cumple 70 años, estableció el marco jurídico para actuar en caso de amenaza. Hoy, ha sido ratificado por 133 estados y la Unesco considera que los crímenes contra el patrimonio son crímenes contra la humanidad.

En 2024, el Escudo Azul cuenta con 31 comités nacionales y unos cuantos más en tren de organizarse. Coordinados desde Newcastle, reconocen que la protección del patrimonio debe empezar en tiempos de paz e involucrar a múltiples sectores, algo que Peter Stone ya proclamaba en 1986.

Mientras su familia le exige que se retire (tiene 66 años), Stone recapitula los logros de la organización que preside: han capacitado en derecho internacional y propiedad cultural a profesionales del patrimonio y de las fuerzas armadas en Europa, Fiyi, Georgia, Guatemala, Honduras, Irak, Líbano, Malí, Palestina y en Irlanda; cooperaron con el Comité Nacional Libanés, UNIFIL, las Fuerzas Armadas Libanesas y la ONG Biladi para la estabilización de los edificios patrimoniales tras la explosión en Beirut en agosto de 2020; asesoraron a los colegas y al gobierno ucranianos y de los países vecinos (Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Finlandia) y garantizaron la seguridad de los expertos en patrimonio en Afganistán.

Con esa lista, podría jubilarse contento pero hasta que no se asegure que tendrá un sucesor, no dormirá tranquilo.

Escudos sobre la Argentina

La Argentina es uno de los países más activos de la región en el señalamiento y protección patrimonial y ha prestado asesoramiento a Perú y a Ecuador y por pedido del Ministerio de Cultura de Costa Rica, a fin de apoyar su primera señalización, se donó un escudo azul hecho aquí.

El país ratificó la Convención de La Haya de 1954 en diciembre de 1988 y promovió la identificación e inventario de los bienes culturales para señalizarlos con el emblema internacional, así como la capacitación del personal para planificar medidas de emergencia en caso que fueran necesarias. Para eso, el Ministerio de Defensa conformó en 2012 un grupo de trabajo integrado por expertos de esa cartera y de las de Relaciones Exteriores y Culto, Cultura, Educación y la Comisión Nacional de Monumentos.

En la Argentina, 41 espacios cuentan con la protección del Escudo Azul. El Colegio Nacional de Buenos Aires, la Casa Curuchet de La Plata y la Villa Ocampo, la Torre de los Ingleses, la ExEsma, el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, el de arte español Enrique Larreta y el Saavedra, se suman a esa lista.

La lista es variopinta, pero cada uno de ellos cumple con una condición previa: antes fueron declarados por ley o decreto presidencial como Monumentos Históricos Nacionales. Los sitios protegidos, por ahora, no incluyen el período precolombino y abundan en la historia ligada a las Fuerzas Armadas y la guerra de la independencia, en un esquema similar al propuesto en la década de 1930.

A partir de 2016 las señalizaciones se acompañan de un monolito informativo en el que se identifica el bien protegido, diseñado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y elaborados con material metálico por personal del Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR), que utiliza recursos propios. Tanto los escudos como los monolitos son fabricados por empresas que se encuentran bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa.

Un reencuentro

La vida profesional de Peter Stone y la mía se separaron en 1998 con mi mudanza a la historia de la ciencia. Peter, por su parte, fue nombrado asistente y luego profesor en el departamento de Arqueología de la Universidad de Newcastle, dedicado al patrimonio cultural y, desde 2016, a la cátedra Unesco que tiene por tema la paz y la protección de los bienes culturales.

En mayo del año pasado, volvimos a encontrarnos y a charlar del pasado y futuro de nuestros proyectos, en particular, de la arqueología en zonas de conflicto. En nuestras conversaciones estuvo involucrada Emma Cunliffe, a cargo de la secretaría general del comité inglés quien, con Michael Delacruz, constituyen el equipo que, desde Newcastle y financiado por esa universidad, tiene a su cargo la coordinación de los comités nacionales.

Emma, una arqueóloga veinte años más joven que nosotros, realizó su doctorado en Durham sobre el daño de los sitios arqueológicos en Siria usando imágenes satelitales y observando los cambios ocurridos desde la década de 1960, un método que luego aplicó en otras regiones del mundo. Su experiencia en detección remota, análisis de datos geoespaciales y en el Levante, la llevaron a África del Norte y a participar del Proyecto de la Media Luna Frágil de la Universidad de Durham.

Michael, por su parte, es un arqueólogo clásico pero antes de doctorarse en el University College de Londres, el teniente coronel Delacruz se desempeñó como oficial del Ejército y del Cuerpo de Marines estadounidenses en Europa y Oriente Medio.

Ocupó cargos civiles como asesor de políticas en la Oficina del Secretario de Defensa y Jefe de Cooperación de Seguridad en Bosnia y Herzegovina. Como oficial de reserva, coopera en el entrenamiento de la nueva generación de Oficiales de Monumentos del Ejército de su país, un programa que ya ha formado a más de 500 personas y que revitaliza un cuerpo desaparecido en la década de 1950.

En efecto, durante la Segunda Guerra Mundial, la Sección de Monumentos, Bellas Artes y Archivos, surgió una unidad del ejército aliado que incluía soldados, expertos en arte, académicos, arquitectos, bibliotecarios y archivistas ingleses y estadounidenses. Hacia el fin de la guerra, estos “Monuments Men” se encargaron de localizar y recuperar las obras saqueadas por los nazis y escondidas en los castillos y las minas de sal de Austria y Alemania, pero, luego, desaparecieron.

En Italia, por otro lado, el comando para la protección del patrimonio cultural de los carabinieri (TPC) fue creado en 1969, actuando en su país y en el extranjero. Sin ir muy lejos, Gianluca Ferrati del TPC es uno de los autores del manual militar publicado por la Unesco en 2019 y traducido a varios idiomas. Peter Stone, por su parte, fue una figura clave en el establecimiento de una unidad para la protección cultural en el ejército británico en 2018.

Esta participación de los uniformados en la salvaguarda de los monumentos que sus colegas derriban es uno de los objetivos del Escudo Azul y, al mismo tiempo, como señala Peter, el más controvertido, ya que no todos aceptan que se trabaje con las fuerzas armadas, las mismas que invaden y destruyen. Un asunto indisoluble e irresoluble porque de la guerra se trata y lo que se pretende es que una parte del ejército tenga la capacitación suficiente para actuar en el mismo espacio donde está para derruir.

Desde la década de 1990, la destrucción de los bienes culturales forman parte de las noticias y de los debates del mundo académicos del sector que forma parte de la industria del patrimonio, los medios de comunicación, los servicios humanitarios, las fuerzas armadas, la policía, los servicios de aduanas y los de emergencia.

Vale recordar la destrucción en 1991 de varios sitios religiosos de la ex Yugoslavia y Dubrovnik, la destrucción de la mezquita de Babri Masjid en Ayodhya, India en 1992; los sucesos de Afganistán e Irak en la década de 2000 y los más recientes del autoproclamado Estado Islámico. El Escudo Azul no puede evitar la guerra pero trata de coordinar estrategias para reaccionar antes de que el humo o los escombros reemplacen a las cosas.