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      La Justicia condenó a un intendente por haber destruido con una topadora la casa de un vecino

      • Fue condenado en Corrientes por los delitos de usurpación y abuso de autoridad.
      • Recibió la condena de un año y ocho meses de prisión en suspenso.

      La Justicia condenó a un intendente por haber destruido con una topadora la casa de un vecinoRamón Castellanos recibió una condena en suspenso por haber irrumpido en una vivienda y ordenar su destrucción.

      El intendente municipal de la localidad de Perugorría, Corrientes, fue condenado a un año y ocho meses de prisión por haber arrasado con una topadora la vivienda de un vecino del barrio La Tablita, hecho que ocurrió en diciembre de 2021. El fallo recayó sobre Juan Ramón Castellanos, de Encuentro Liberal, partido que integra el oficialismo provincial.

      El fallo fue dictado este jueves por el juez Ramón Alberto Ríos, que encuadró la conducta de Castellanos en los delitos de usurpación y abuso de autoridad, tal como había sido requerido por el fiscal Juan Carlos Alegre.

      Todo comenzó el 9 de diciembre de 2021 cuando Mariano López salió de su casa para dirigirse a la estancia donde se desempeña como peón rural. Hacía casi una década se había instalado en el barrio La Tablita a partir de un permiso de ocupación que le había otorgado la Municipalidad, y con esfuerzo pudo levantar su casa de mampostería.

      Hacía algunos años se había separado y vivía sólo en la casa. Por su trabajo solía estar ausente muchos días y sus vecinos se encargaban de que nadie ingresara a robar.

      Ese dia, varios operarios de la Municipalidad desembarcaron en el barrio con camiones y una máquina vial. El intendente Castellanos había ordenado irrumpir en la casa de López, sacar los muebles y demoler la construcción.

      El argumento del intendente

      El argumento del alcalde era que la casa estaba construida sobre la traza de una calle que debía ser abierta para convertirse en uno de los ingresos a un barrio de viviendas sociales que estaba levantando a pocas cuadras el Instituto Provincial de la Vivienda de Corrientes (INVICO).

      Los empleados municipales sacaron los muebles de López y la topadora arrasó lo que con esfuerzo el peón había logrado levantar. Sus cosas quedaron esparcidas hasta que un camión las llevó a un depósito de la Municipalidad. Cuando retornó de la estancia, López ya no tenía casa, y muchos de sus muebles estaban destruidos.

      El hombre radicó una denuncia contra el intendente por usurpación y abuso de autoridad. Durante el proceso judicial pudo probar que ese terreno se lo había cedido una gestión municipal anterior. Como prueba exhibió un documento de posesión del inmueble.

      Por su parte, Castellanos alegó que la demolición se realizó luego de un acuerdo con el propietario, pero esa situación nunca pudo probarla. Adujo que había consensuado verbalmente con López, hecho que el peón negó rotundamente.

      El juicio oral y público se desarrolló a lo largo de cuatro jornadas y los testimonios no fueron favorables para Castellanos. Es por eso que el fiscal Juan Carlos Alegre pidió este jueves la condena del alcalde por el concurso de los delitos de usurpación y abuso de autoridad. La abogada defensora, Julieta Lacroze, pidió la absolución.

      El veredicto de la Justicia contra el intendente

      Al momento de dar su veredicto, el juez Ríos sostuvo que “quedó probado en la audiencias la usurpación de la vivienda, que era propiedad de López” y que no se pudo constatar el acuerdo previo para la demolición de la casa, como alegó el alcalde.

      “Está probado el despojo de la propiedad y la destrucción de la casa”, insistió Ríos. Explicó que “Castellanos es el intendente de Perugorria y abusó de sus facultades de funcionario público” para avanzar sobre la propiedad del denunciante. Y que “el hecho se cometió en la clandestinidad ya que López no estaba en el lugar y nunca fue avisado ni sabía que su vivienda iba a ser derrumbada”.

      En la última audiencia, el fiscal Alegre pidió que Castellanos fuera condenado a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación por el doble de tiempo. Como el alcalde ya tiene una pena anterior, alegó que debería cumplir la pena única de dos años y medio de prisión.

      Tras escuchar los alegatos de cesura de pena, el juez dispuso condenar a Castellanos a un año y ocho meses de prisión porque lo unificó con una condena anterior por desobediencia judicial, y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por tres años. También deberá cumplir una serie de reglas de conducta, entre ellas abstenerse del consumo excesivo de alcohol.

      Misiones. Corresponsal

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      Sobre la firma

      Ernesto Azarkevich

      Corresponsal en Misiones misiones@clarin.com

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