El Gobierno aguarda un guiño de la Justicia para poner fin al Corte del Puente Internacional San Martín. Según pudo saber ayer Clarín de altas fuentes oficiales, una orden judicial sería la pieza clave para terminar de desbaratar la intransigencia de los asambleístas de Gualeguaychú que llevan más de tres años y medio cortando la ruta hacia Fray Bentos en protesta por la instalación de la pastera Botnia del otro lado del río.
“Ya fuimos a La Haya, tenemos un fallo, vamos a poner en marcha el monitoreo conjunto, sólo nos falta que la Justicia diga que se tienen que ir”, enumeraba ayer un funcionario con despacho en la Casa Rosada que sigue de cerca el tema.
En la Casa Rosada sienten que José Mujica “se viene portando muy bien” y el Gobierno argentino le debe la desactivación del corte.
Después de que la Presidenta, en la reunión del miércoles en Colonia con el presidente uruguayo, se refiriera a sus “limitaciones institucionales y políticas” para ordenar el despeje de la ruta y deslindara responsabilidades en la Justicia que “nunca condenó a nadie por un corte”, ayer tres ministros del Gobierno avanzaron por esa misma senda.
“Estoy convencido de que si hacemos las cosas bien y la Justicia actúa en consecuencia, se tiene que resolver de la mejor manera y que en no mucho tiempo vamos a encontrar una forma inteligente” de acabar con el corte, dijo temprano por la mañana el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
El canciller Jorge Taiana, aunque privilegio la vía diplomática, también afirmó que “la Justicia puede tener un rol en esto”.
Y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que “si un juez lo ordena, el jefe de gendarmería tiene que desalojar”.
Todos los funcionarios consultados por este diario insistían en que “este Gobierno va a persuadir, no a reprimir”. Pero indicaban que la orden judicial sería una pieza clave en la estrategia de ir secando de argumentos a los asambleístas.
Un alto funcionario especuló que, ante una decisión de la Justicia, funcionarios del gobierno nacional y provincial podrían reunirse con los asambleístas para explicarles que “hasta acá llegaron. Es hora de irse a casa si no quieren caer en la desobediencia civil”.
Hasta ahora, la Justicia federal sólo ordenó que se liberara el paso ante algunos casos concretos, como el del abogado porteño Salvador Rosetti Serra.
Pero Abel Martínez Garbino, uno de los líderes del grupo Ciudadanos Movilizados de Gualeguaychú, presentó hace dos semanas una demanda ante el juzgado federal de Concepción del Uruguay para que se orden la liberación de la ruta.
El juez Gustavo Pimentel tiene en sus manos la decisión que espera el Gobierno.
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