Correa quiere asilar a Assange y envía al exilio a periodistas de su país

El periodista ecuatoriano Emilio Palacio, condenado en su país por injurias al presidente Rafael Correa, anunció ayer que Estados Unidos le concedió asilo político y calificó la decisión a su favor como un “firme respaldo” a la libertad de expresión en Ecuador.

Palacio, ex columnista del diario El Universo , expresó agradecimiento a Estados Unidos y destacó que “la concesión de asilo tiene fecha del 17 de agosto, un día después de que el Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa concediese el asilo a Julian Assange”, el fundador de Wikileaks .

Palacio presentó su solicitud de asilo tras afrontar junto con los directivos del diario, los hermanos César, Carlos y Nicolás Pérez, una condena de tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 40 millones de dólares en su país, luego de una querella interpuesta por Correa. La petición se presentó basada en “persecución política y por ser miembro de un grupo de periodistas independientes y críticos del Gobierno”.

“La decisión del Gobierno de Estados Unidos de concederme el asilo por supuesto que me favorece y yo agradezco. Pero, sobre todo debe ser interpretado como un firme respaldo a la libertad de expresión en Ecuador. Así lo tomarán los periodistas y el pueblo en Ecuador”, dijo el periodista.

Su abogada, Sandra Grossman, resaltó que la aprobación del asilo “refleja el claro reconocimiento del Gobierno de Estados Unidos de que el señor Palacio ha sido víctima de persecución de parte del Gobierno de Ecuador y de su presidente Rafael Correa”. Enfatizó que aunque Correa “eventualmente perdonó” a Palacio y a los directivos del diario, “el daño fue hecho. La pena impuesta al señor Palacio es una permanente amenaza para mi cliente y otros periodistas, para que limiten sus expresiones a riesgo de enfrentar sanciones civiles y penales de gran envergadura”.

La abogada apuntó que desde que Correa asumió el poder en 2007, su cliente y muchos otros periodistas en Ecuador “han sido víctimas de constantes insultos públicos, de quejas criminales presentadas contra ellos por parte del Gobierno, del cierre de medios y de la imposición de líneas editoriales oficiales”.

Ecuador, afirmó Grossman, es uno de los pocos países en el hemisferio occidental que aún criminalizan “expresiones ofensivas para los funcionarios públicos” mediante leyes de desacato.