La campaña electoral en Paraguay, sacudida por una acusación de Estados Unidos por corrupción

La acusación de corrupción de parte de Estados Unidos a dos de los principales líderes del gobernante Partido Colorado ha golpeado en el centro de la campaña para las presidenciales que el 30 de abril enfrentarán en Paraguay al candidato oficialista Santiago Peña con el opositor Efraín Alegre.

El ex mandatario Horacio Cartes, actual presidente del conservador Partido Colorado, y el vicepresidente de la Nación, Hugo Velázquez, fueron señalados el año pasado como "significativamente corruptos" por el Departamento de Estado, que les vetó el ingreso al país norteamericano.

A fines de enero, el Tesoro estadounidense sancionó a cuatro compañías de Cartes. Y ahora los colorados tropiezan con la dificultad de conseguir préstamos para el último tramo de la campaña.

"Cartes no puede pagar salarios, no puede pedir créditos para solventar la campaña. Delegar su firma tampoco es válido, es contra la ley. Estamos sin los recursos necesarios para afrontar el día D. Lo que sabemos es que los créditos solicitados ya fueron rechazados por cinco bancos. Si no se tiene esa plata ¿cómo vamos a movilizar a nuestra gente? ¿De dónde van a salir los recursos?", se quejó recientemente ante la AFP Gerardo Soria, dirigente del partido Colorado distante del ex mandatario.

¿Con plata?

Sin embargo, Rodolfo Friedmann, vicepresidente segundo del partido, aseguró el miércoles que un banco paraguayo accedió a otorgar un préstamo.

"No habrá problemas en el financiamiento de la campaña. Hay plata en la cuenta y eso nos da una gran tranquilidad", sostuvo hace una semana el candidato Peña.

Una encuesta de la empresa AtlasIntel, realizada a principios de abril, mostró un empate técnico entre Peña y Alegre, con leve ventaja para el opositor, un abogado de 60 años, líder del partido Liberal, que por tercera vez busca la presidencia.

El sondeo también señaló a la corrupción como el principal problema del país, según 68% de los encuestados.

Ante las señales adversas, Peña, un economista de 44 años que fue ministro en el gobierno de Cartes (2013-18), apuesta al voto duro de los afiliados al partido, unos 2,5 millones de personas, en su mayoría funcionarios y sus familiares.

El padrón electoral registra unos 4,8 millones de votantes sobre una población de 7,5 millones.

Los discursos

"El oficialismo habla a los funcionarios sobre la pérdida de empleos, la persecución en ciernes si gana la oposición, apelando al fanatismo, a la tradición. Los colorados ahora también levantan la bandera nacionalista, antiimperialista, patriótica como elemento electoralista", apuntó a la AFP el analista político Marcos Cáceres Amarilla.

"Pero muchos colorados estarán reflexionando qué tipo de gobierno estará al frente del Estado paraguayo después del 30 de abril", dijo.

La sanción estadounidense golpea al Partido Colorado en sus dos vertientes: la que dirige Cartes, considerado el padrino del candidato Peña, y la del actual presidente Mario Abdo Benítez, cuyo vicepresidente Velázquez se vio forzado a renunciar a sus aspiraciones electorales.

"La corrupción endémica socava las instituciones democráticas paraguayas y destaca la necesidad apremiante de que el gobierno de Paraguay actúe en el mejor interés de sus ciudadanos, y no en llenar los bolsillos de sus élites políticas", dijo el subsecretario del Tesoro Brian E. Nelson al fundamentar las sanciones.

A partir de entonces, gran parte de los dardos de la campaña del oficialismo se enfocaron en alusiones a la "intromisión imperialista".

Juan Carlos Galaverna, segundo en el mando del partido Colorado, la calificó de "agresión desembozada, descarada sin límites morales de ninguna laya".

Yamil Esgaib, dirigente colorado que se postula a senador, reclamó la expulsión del embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, mientras que el senador Martín Arévalo aseguró que "la embajada americana está en una campaña para pulverizar al partido Colorado".

Pero las denuncias judiciales contra estos dirigentes políticos no llegan a la condena.

"En un pueblo con ocho años de escolaridad per cápita al bandido se le vota igual. A nadie le importa si es corrupto o no", describió el consultor en políticas públicas Sebastián Acha.

"La gente no dimensiona cuando se le habla de miles de millones de dólares, porque los acusados en general quedan impunes", observó.

Varios miembros del Parlamento fueron implicados en negocios relacionados con el narcotráfico. Hasta ahora solo uno de ellos ha sido detenido y procesado: el diputado colorado Juan Carlos Ozorio.

Agencia AFP

PB