Las leyes de la guerra tienen límites. ¿Qué significa eso para la guerra entre Israel y Hamás?

Ya han pasado 26 días desde que Hamás lanzó su ofensiva contra Israel.

En la columna que escribí pocos días después de que comenzó el conflicto, comenté que el derecho internacional nos brindaba un marco para analizar lo que estaba sucediendo, incluso cuando las atrocidades cometidas por Hamás apenas se estaban documentando y cuando las consecuencias de los devastadores ataques aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza, así como el recorte de alimentos, agua y combustibles estaban comenzando a revelarse.

Yo me atengo a eso, pero también sé que para muchos de nuestros lectores los acontecimientos de las semanas que han transcurrido desde entonces —el creciente número de civiles muertos en Gaza, la continuada toma de rehenes por parte de Hamás y la aparente incapacidad de los líderes mundiales para ponerse de acuerdo y desplegar alguna medida para proteger a los civiles— plantean una pregunta profunda y preocupante:

¿En realidad sirven de algo estas leyes si es tan difícil aplicarlas?

Sí.

Pero al igual que cualquier herramienta, el derecho internacional tiene tanto limitaciones como fortalezas.

Yo voy a profundizar en ellas al tratar de responder algunas de las preguntas generales que he escuchado de los lectores y otros analistas.

¿Cómo puede ser legal que un ataque en tiempos de guerra mate a personas inocentes?

Las leyes de la guerra no están diseñadas para impedir los ataques por completo, ni siquiera para prohibir todas las muertes de civiles.

Más bien, establecen requisitos mínimos para una situación en la cual nuestras normas morales de costumbre (por ejemplo: “No matar a otros seres humanos”) ya se han suspendido y nuestras maneras habituales de resolver las desavenencias ya han fracasado.

En términos prácticos, aunque sea muy triste, eso significa que los actos de guerra pueden ser horripilantes sin que necesariamente sean ilegales.

“El derecho internacional humanitario casi siempre nos parece bastante permisivo si pensamos en la violencia en términos morales”, señaló Janina Dill, codirectora del Instituto Oxford de Ética, Derecho y Conflictos Armados.

“Ningún civil hambriento, desplazado o muerto, por sí solo, es prueba de alguna transgresión de la ley”.

Consideremos, por ejemplo, la regla de que los ataques a objetivos militares no deben provocar ningún daño “desproporcionado” a los civiles.

Este es uno de los principios básicos del derecho humanitario y está diseñado para proteger a los civiles. Pero también presupone una triste realidad:

que tal vez algunas muertes de civiles sean proporcionadas.

La utilidad de atacar una base de operaciones enemigas en particular, por ejemplo, podría considerarse tan alta que sería legal atacar esa base, incluso si eso significara matar a civiles que se encuentren cerca.

Todas las partes de un conflicto tienen la obligación de evaluar con cuidado los hechos y asegurarse de que se cumplan los requisitos de proporcionalidad antes de lanzar cualquier ataque.

Pero desde luego que estas decisiones pueden ser muy difíciles y estar sujetas a discrepancias.

¿De qué sirven las leyes de la guerra si son tan limitadas?

Las leyes sí tienen importancia, pese a que (como todas las leyes) no siempre se respetan.

Los crímenes de guerra pueden dañar la reputación internacional de un país y poner en peligro las alianzas.

Muchos ejércitos emplean abogados full time para que los asesoren en asuntos como la proporcionalidad, e incluso muchos movimientos separatistas y grupos rebeldes respetan el derecho internacional humanitario —o al menos afirman en público que lo hacen— como una manera de ganar credibilidad.

Aunque las reglas son mínimas, estas son universales y se mantienen vigentes sin importar lo sucia que se torne una guerra.

Las transgresiones de un bando no justifican las transgresiones del otro, que es una manera provechosa de tomar distancia del amargo debate acerca de cuál bando del conflicto tiene más derecho moral o agravio histórico.

Pensemos, por ejemplo, en el problema de los escudos humanos.

Es un crimen de guerra usar la presencia de civiles para proteger a un objetivo militar en particular de los ataques.

Israel ha afirmado que Hamás actúa desde el interior de hospitales y de otros edificios de civiles como una manera de protegerse; Hamás lo niega.

Pero independientemente de si Hamás usa o no a los civiles como escudo, la responsabilidad legal de Israel de proteger a esos civiles sigue siendo la misma:

no puede ni dañarlos de manera desproporcionada, ni atacarlos de modo directo.

¿Algún día juzgarán a alguien?

El derecho internacional no tiene conexión con ninguna fuerza policial internacional ni con ningún sistema judicial de acción rápida.

No hay un número 911 a nivel mundial para crímenes de guerra.

Por lo general, las investigaciones de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tardan años en concluirse y no necesariamente terminan en acusaciones penales.

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, la cual se estableció en el año 2002, tiene recursos limitados.

Se califica a sí misma como “un tribunal de última instancia” destinado a complementar, no a sustituir, a los tribunales locales.

Pero es frecuente que los tribunales locales se rehúsen a juzgar a sus propios dirigentes y soldados.

¿Qué hay de las acusaciones de castigo colectivo?

El castigo colectivo tiene lugar cuando una persona o un grupo son castigados por un acto que alguien más perpetró.

Como dice la Cruz Roja, esto es un crimen de guerra, así como una violación al derecho internacional humanitario.

(Sin embargo, vale la pena señalar que el castigo colectivo no es uno de los crímenes de guerra sobre los que la CPI tiene jurisdicción, aunque podría ser procesado en un tribunal local).

La prohibición del castigo colectivo es “una de las normas esenciales y fundamentales del derecho internacional humanitario”, comentó Shane Darcy, profesor de la Universidad Nacional de Irlanda, campus Galway, y destacado especialista en ese tema.

Pero no todos los ataques a civiles violan esa norma.

“Debemos distinguir entre el concepto jurídico del castigo colectivo y el concepto común y moral del castigo colectivo”, señaló Adil Haque, especialista en derecho internacional de la Universidad de Rutgers.

Para violar la ley contra el castigo colectivo, los actos deben realizarse con el fin de castigar a una persona o a un grupo.

Los actos que se realicen con otro propósito, o simplemente menospreciando las vidas de civiles, no se considerarían, aunque claro que podrían estar violando otras leyes.

c.2023 The New York Times Company