Escándalo con los seguros: acusan al Gobierno de pasividad para dar impulso a la denuncia

Si bien el presidente Javier Milei hizo referencia en su discurso del último viernes en el Congreso al entramado de negociados con los seguros oficiales, la abogada Silvina Martínez, que denunció a Alberto Fernández y a otro funcionario de su administración por el caso, se mostró sorprendida por la falta de impulso del actual Gobierno a la causa que investiga la Justicia y por la continuidad en Nación Seguros de uno de los ejecutivos que habría hecho de "enlace" con los "brokers" involucrados en las supuestas maniobras.

Se trata de Mauro Tanos, que en la gestión anterior gestión era gerente del área comercial de Oficinas y Organismos Públicos de esta firma del Banco Nación y en las últimas semanas pasó a desempeñarse como gerente general de la misma.

"Llama la atención la continuidad de este funcionario. El Presidente hizo una referencia al caso pero viene lento el aporte de documentación y el impulso a la causa, como también ocurre con los manejos de los fondos fiduciarios. Recién después de presentar esta denuncia contra A. Fernández, interviene la OA. Hay cierta pasividad oficial", explicó a este diario la abogada Martínez. Es que considera que el Estado cuenta con un caudal de información suficiente para detectar eventuales irregularidades.

La letrada espera que cobre impulso el expediente que sustancia el juez Julián Ercolini y la fiscalía federal interviniente, por el que denunció por presunta malversación de caudales públicos al exmandatario y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, un dirigente de su extrema confianza. También pidió a la Justicia que indague sobre el rol de los brokers financieros Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa, quien está casado con Ana María Cantero, secretaria del exjefe de Estado.

Durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento, Milei enfatizó que "tal vez, el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto. Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado, de manera de poder cobrar retornos de cada operación. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retornos que terminaron en los bolsillos de los políticos”.

Sin embargo, en Jefatura de Gabinete y en otras reparticiones oficiales aún siguen cotejando documentación. Sólo en Seguridad se filtraron papeles que daban cuenta de las supuestas maniobras de estos intermediarios, que cobraban comisiones del 17%, en pólizas que debían ser anudadas directamente por la firma del Banco Nación "A diferencia de lo que pasaba con otros ministerios, en Seguridad el convenio autorizaba la participación de un intermediario, algo extraño porque normalmente no es el cliente el que los pone sino la empresa (aseguradora)", indicó la letrada.

En este contexto, Martínez espera que el juzgado federal interviniente analice si el decreto de A. Fernández de 2021 -que obligó a concentrar todas las pólizas de organismos estatales en Nación Seguros- "tiene sustento", si existió alguna irregularidad en la contratación de distintos productores y si, eventualmente, hubo algún conflicto de intereses habida cuenta del fluido vínculo entre el expresidente y Martínez Sosa.

Auditorías en marcha

En el Gobierno, con todo, se escudan en que aún están terminando las auditorías internas pero que sí han detectado la participación de algunos de los "brokers" en cuestión en las pólizas de los autos oficiales de la Secretaría de Prensa y Comunicación, entre otras entidades.

No hubo participación de estos productores, en principio, en una de las carteras más grandes administradas por Nación Seguros, la que blinda a la flota área presidencial, que supera los mil millones de dólares. En la Secretaría General, que conduce Karina Milei, están revisando esta documentación pero por ahora no han detectado ninguna irregularidad. Sí llama la atención los montos de la misma aunque en el sector aducen que los seguros de aviones tienen una gran cobertura por daños a personas transportadas y a terceros.