Ruta del Dinero K: la Cámara Federal revisará el sobreseimiento de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Apelaciones revisará la decisión del juez Sebastián Casanello, que en junio pasado sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde se le imputaba el delito de lavado de dinero. Los jueces de la Sala II decidieron que debe tenerse por querellante a la asociación civil Bases Republicanas, y en función de eso analizar su reclamo: el rechazo que plantearon frente al criterio de excluir a la vice del expediente.

Hace tres meses, y después de cinco años de encontrarse imputada en el marco del expediente por su presunta participación en operaciones de blanqueo, Casanello sobreseyó a Cristina Kirchner, después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan que fue convalidado por dos organismos del gobierno, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Al considerar que no había elementos suficientes para sostener la imputación por lavado de dinero contra la vicepresidenta, el juez firmó su sobreseimiento dejándola afuera de la investigación que se centró en la maniobra del blanqueo de 55 millones de dólares, y que tuvo como principal acusado a Lázaro Báez, (condenado a diez años de prisión).

​"Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición", explicó el magistrado.

Casanello había señalado que como juez su acción "se encuentra limitada a conocer y decidir un caso dentro del marco y con los alcances planteados por las partes. No puede ir más allá de la pretensión requerida por la acusación ni suplir la misión punitiva del Estado", es decir que tras el planteo del fiscal Marijuan no había más alternativa que sobreseer a Cristina.

Marijuan había sostenido que no contaba con los elementos necesarios "para determinar y establecer su posible coautoría (de Cristina Kirchner) o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero" que encabezó Báez.

El requerimiento del fiscal se formuló después de recibir el informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), que arrojó 372 comunicaciones entre Báez y el entorno de Cristina Kirchner, además de confirmar la reunión de Lázaro y la entonces presidenta a finales del 2010 en la Quinta de Olivos, donde el empresario, "al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando".

Ante estos argumentos, la asociación civil Bases Republicanas solicitó ser querellante en el expediente, y apeló el sobreseimiento para que sea revisado por la instancia superior, la Cámara Federal porteña.

Casanello rechazó tener como querellante a la organización civil, y por ende su planteo central que era la revisión de la decisión de no seguir investigando a la vicepresidenta en el marco de este expediente.

En consecuencia, Bases Republicanas fue en queja a la Cámara. Al revisar el reclamo, el juez Mariano Llorens entendió este jueves que la organización civil debía tenerse por querellante, y hacer lugar a su apelación. Su colega Eduardo Farah no estuvo de acuerdo en los argumentos.

Por ese motivo, el juez Pablo Bertuzzi tuvo que intervenir y desempatar. En la resolución a la que accedió Clarín, Bertuzzi entendió que Bases Republicanas debía ser considerada como parte acusadora en el expediente y debía analizarse su planteo.

Ahora la queja volverá al juzgado de Casanello para que formalice la apelación, un trámite administrativo necesario para que todo el expediente regrese a la Cámara Federal y se pueda revisar el sobreseimiento de Cristina.

¿Qué había dicho Bases Republicanas?

En el escrito que ahora revisará la Cámara de Apelaciones, la asociación civil sostuvo que el expediente "no puede ser analizado de manera individual sino que debe enmarcarse en el contexto de las diversas causas donde se investigaron otros hechos que involucran a la familia Báez y a la familia Kirchner, entre los que se destacan los delitos de corrupción que involucraron a Lázaro Báez y el “Grupo Kirchner”, cuyo plexo probatorio ha demostrado que el nombrado no era el dueño del dinero obtenido ilícitamente de las arcas del Estado, sino un mero testaferro de Néstor y Cristina Kirchner y su familia".

La ONG insistió con vincular los hechos juzgados en la Ruta del Dinero K -lavado de activos por parte de Báez entre 2010 y 2013- con el arco iris de expedientes judiciales que investigan y en muchos casos ya probaron que el origen de esa plata sólo eran los contratos de obra pública condenados por hechos administración fraudulenta.

La presentación se centró en esa vinculación en una serie de 75 hechos denunciados en su momento por la Unidad de Investigación Financiera bajo la conducción de Federici, que según el ex funcionario no fueron tenidos en cuenta por Marijuan para pedir el sobreseimiento de la vicepresidenta la semana pasada. El fiscal respondió que algunos de esos hechos fueron investigados en este expediente y a su juicio no aportaron pruebas contra Cristina, y otros están bajo análisis judicial en otras causas: Vialidad, Hotesur/Los Sauces o los Cuadernos de las Coimas.

"Frente a semejante cuadro probatorio, el fiscal Guillermo Marijuan dice en su dictamen que 'no tengo duda alguna, de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Báez', acreditado, sobre todo cuando acreditó, además, por 376 llamadas telefónicas entre ellos, que no se trató de una mera relación amistad - que ella negó públicamente -, sino que debía explicarse como un vínculo comercial", expresó el escrito.